Encajar un coste en una tarifa -o en un tributo, como es el caso que hoy comentamos-, equivale a la cuadratura del círculo. Es así, pues los ingresos deberían responder a la cobertura del coste y a su estructura de costes fijos y variables, pero a la vez el ingreso debería ser tal que atendiera las exigencias políticas del servicio, es decir, garantizar el acceso universal al agua, estimular los consumos moderados y penalizar los consumos excesivos. No sólo eso, sino que el ingreso debería cubrir los costes anuales de renovación y mejora de las redes.
Todo un reto.
Algo parecido le pasa a la Agencia Catalana de l’Aigua. La administración hidráulica catalana recibió sus competencias en 1986 sin mecanismos estables de financiación. Tan solo algunas partidas económicas para actuaciones concretas que, en algún caso como la prevención de inundaciones en Girona, no llegaron a consumarse y se perdieron.
El primer intento de corregir esa situación se produjo en 1990 con la aprobación de la Llei 5/1990 d’infraestructures hidràuliques. Su preámbulo decía
La administración del agua es una actividad compleja en la que la intervención de los poderes públicos debe dirigirse antes que nada a adecuar las circunstancias naturales en que se produce dentro del ciclo hidrológico y para cada territorio a las necesidades de su utilización. Se trata, por tanto, de convertir un recurso que se presenta de manera irregular en el espacio y en el tiempo en un conjunto de dotaciones regulares que permitan el desarrollo ordinario de las diferentes actividades, económicas y de todo tipo, de las poblaciones afectadas, y de evitar o, si no, intentar reducir los efectos negativos que resultan de las situaciones también naturales de concentración espacial y temporal de las precipitaciones, que provocan, de manera periódica, riadas y desbordamientos de los cursos fluviales que, en el caso de Cataluña, constituyen un problema endémico en buena parte del territorio.
Treinta y tres años más tarde se está reaccionando. No tanto para prevenir riadas y desbordamientos, sino para asegurar la disponibilidad de agua.
El preámbulo sigue:
La ley dedica el titulo primero a las obras hidráulicas de infraestructura general y de abastecimiento y establece, como instrumento específico para hacer frente al coste de ejecución, un canon de infraestructura hidráulica.
En este sentido, el hecho imponible del canon coincide con el consumo de agua que realizan los contribuyentes como criterio indicador de la imputación a realizar del coste de la inversión en infraestructuras hidráulicos en Catalunya.
Pues bien, ese canon dio lugar a la denominada guerra del agua, conflicto que se manifestó especialmente en el ámbito de la Barcelona metropolitana y que impidió la financiación efectiva de infraestructuras hidráulicas que ya por entonces se veían necesarias. El conflicto se desactivó, al socaire de la anunciada Directiva Marco del Agua (aprobada en diciembre de 2000) con la creación, en 1999 de la Agencia Catalana de l’Aigua y su instrumento financiero, el canon del agua como ingreso específico de su régimen económico y financiero.
El canon del agua ha pasado por diversos avatares, el más significativo de les cuales fue el de 2012 cuando, después de diversos episodios más o menos críticos de disponibilidad de agua y diversas campañas para estimular el ahorro, se crearon los tramos de consumo actuales, con los que se penaliza intensamente los consumos domésticos elevados.
El gráfico[1] muestra la evolución del consumo doméstico en Cataluña, Área Metropolitana y Barcelona des de 1998 en litros por habitante y día.
Con el canon del agua ocurre algo parecido a lo que sucede con las tarifas de abastecimiento: su capacidad financiera depende del consumo de agua. Los ahorros de agua, ya sean voluntarios por concienciación o forzados por la falta de recurso, reducen el ingreso y comprometen la capacidad financiera del servicio. Por ese motivo sucede lo que he venido en llamar la paradoja del ahorro:[2] El premio por ahorrar agua es que hay que elevar las tarifas para cubrir los costes.
El ACA debe acometer muchas inversiones y no le salen las cuentas. A la elevación de la tarifa de ATL (30%) seguirá la del canon de agua.
El manual político llama reestructuración del canon del agua para elevar la cuota a los consumidores que gastan más. Dicha reestructuración persigue el objetivo de adaptar el canon a la nueva realidad climática del país, en pleno contexto de sequía pertinaz. Bella metáfora extraída de los viejos tiempos para sugerir que se va a tener que gravar más el menor consumo para obtener los ingresos necesarios.
¿Será que si un día lloviera el canon volvería a los viejos valores?
