El director general de Aguas, Francisco Echeverría, llegó ayer hasta el lecho del río Ligua, en el sector de los Molinos, comuna de Cabildo, con el fin de inspeccionar el hallazgo de un posible dren ilegal por medio del cual se estaría extrayendo agua sin la autorización del organismo.
Tras casi dos semanas de trabajo en terreno con maquinaria pesada, la Dirección General de Aguas junto con la Dirección de Obras Hidráulicas, ambos servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, detectó una estructura de irrigación a unos 15 metros de profundidad y que de acuerdo con diversos indicios habría estado oculta por más de ocho años.
"Desde hace varios días se ha realizado una completa inspección y remoción de tierra en los sectores más conflictivos del río y, ayer, gracias al cruce de información arrojada por dos estudios encargados por la DGA, uno satelital y el otro de geo scanner más datos entregados por los vecinos, logramos dar con esta obra, que según nuestros registros no estaría autorizada", afirmó Echeverría.
La autoridad indicó que aún no es posible precisar a quién pertenecería este dren, pero que una vez finalizada la remoción de tierra y desarrollada la investigación, los detalles de este caso pasarán a la justicia.
"Nuestro compromiso es claro. Es necesario acabar con las extracciones ilegales y como gobierno hemos llevado adelante diversas acciones justamente para detectar y detener situaciones de este tipo. Como DGA prácticamente hemos duplicado nuestra capacidad fiscalizadora a nivel país desde 2010 a la fecha", sentenció Echeverría.
El director general de Aguas hizo hincapié en la necesidad de avanzar en materia legal y recordó que en enero de 2012 se ingresó un proyecto de ley, el cual actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, y cuyo objetivo es aumentar las penas y multas asociadas a las extracciones ilegales de agua.
La región de Valparaíso lidera las fiscalizaciones a nivel nacional, concentrando alrededor de un 33% de denuncias y un 25% de las inspecciones desarrolladas el año pasado. Así también, un 60% de las fiscalizaciones que pasan al Ministerio Público corresponden a esta región y de ellas, el 70% es de la provincia de Petorca.
